Mi árbol y yo: El dilema ambiental y la convivencia urbana en La Carlota.
3 minutos de lectura
Hand-drawn vector drawing of a Broken Tree, Environmental Damage Concept Image. Black-and-White sketch on a transparent background (.eps-file). Included files are EPS (v10) and Hi-Res JPG.
Por la redacción
En el constante crecimiento de nuestras ciudades, a menudo olvidamos que no somos los únicos habitantes del espacio urbano. El arbolado público, ese pulmón verde que nos da sombra, oxígeno y carácter, ha vuelto a ser el centro del debate en La Carlota. Durante la última sesión del Honorable Concejo Deliberante (HCD), un expediente puso sobre la mesa una problemática que nos obliga a reflexionar desde una mirada profundamente ambiental: ¿cómo equilibramos la preservación de nuestra naturaleza con la seguridad y la infraestructura urbana?
El disparador de este debate fue una nota presentada por el vecino Gastón Benause, acompañado por otros residentes de la avenida Hipólito Irigoyen, quienes exigieron al municipio la inmediata suspensión de la tala y extracción de árboles añejos en su sector. La justificación oficial para removerlos radica en el levantamiento y rotura de las veredas. Sin embargo, Benause se presentó ante los concejales esgrimiendo un argumento anclado en las leyes de preservación y cuidado del medio ambiente, dejando en claro que los vecinos están dispuestos a colaborar y realizar trabajos por su cuenta para evitar que la tala sea la única salida.
Este reclamo nos retrotrae inevitablemente a la figura del recordado Luis Tillous, un pionero y férreo defensor del arbolado local que llegó a plantar especies con sus propias manos para garantizar el verdor de La Carlota. La ciudad tiene en sus árboles una de sus características más distintivas, pero es innegable que hoy pagamos el precio de una falta de planificación histórica: en el pasado, se eligieron especies inadecuadas para las veredas, como es el caso de las moras, cuyas raíces expansivas generan los problemas de infraestructura de «vieja data» que hoy enfrentamos.
No obstante, el conflicto tiene dos caras muy marcadas. Mientras en la avenida Irigoyen se lucha por salvar a los gigantes de madera, en otros puntos de la ciudad la convivencia se ha vuelto insostenible. El claro contraste lo brindó una vecina de la calle Nicanor López, quien relató su frustración tras llamar incansablemente al municipio para que extraigan el árbol frente a su local. Su vereda está destruida y el temor es latente: un tropiezo de una persona mayor podría derivar en un accidente grave, del cual la Municipalidad terminaría siendo responsable.
Ante este escenario de intereses cruzados, el vacío de respuestas ejecutivas resulta preocupante. Los vecinos de la avenida Irigoyen denunciaron haber intentado comunicarse con el área municipal de arbolado y medio ambiente entre cuatro y cinco veces, sin ser atendidos por ningún responsable. La situación llegó a tal punto de tensión que Benause tenía preparada una denuncia judicial contra el municipio, aunque decidió agotar primero la vía legislativa para evitar la confrontación en los tribunales.
Frente a esto, el presidente del HCD, el contador Abellá, junto al cuerpo de concejales, decidió mantener el tema en comisión para solicitar al Departamento Ejecutivo las explicaciones pertinentes sobre los motivos de estas talas y evaluar cómo continuar. Es fundamental recordar, como se debatió en el recinto, que el Concejo Deliberante no tiene la potestad de sacar o preservar un árbol directamente, sino de legislar.
Y es precisamente en la legislación donde reside la clave para una política ambiental seria. No estamos huérfanos de normativas: existen regulaciones como la Ley Provincial 9219, los artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y una ordenanza local del año 1994 (la 1994). Estas leyes establecen criterios claros e incluso protegen especies específicas como los pinos, eucaliptos y mangos.
La resolución de este conflicto no puede reducirse a la dicotomía de «talar o tropezar». Requiere de un Estado municipal presente que aplique la ley, que escuche a los vecinos y que proponga soluciones de ingeniería urbana (como la ampliación de cazuelas o la poda de raíces guiada) antes de encender la motosierra. «Mi árbol y yo» no debe ser el título de una disputa judicial, sino el reflejo de una comunidad que entiende que el medio ambiente no es un adorno, sino un patrimonio vivo que exige respeto, cuidado y, sobre todo, planificación a futuro. El debate sigue abierto en el Concejo; esperamos que las respuestas del Ejecutivo estén a la altura de nuestra historia verde.
